PERSONAS TRANS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Actualizado: jun 20

Por: Juan Camilo Rivera López //


Existe una estigmatización y criminalización histórica sobre las poblaciones trans e identidades y expresiones de género diversas. No es una novedad que las exclusiones sistemáticas dificultan el acceso a derechos básicos, como históricamente ha sido, a la salud, a la educación e incluso a los procesos de empleo. Pero lo más alarmante es que los datos son muy limitados, en su mayoría son recogidos por organizaciones de base que se encargan de visibilizar estos problemas. Esto quiere decir, que ni el Estado ni sus organismos encargados de administrar los centros penitenciarios del país tienen certeza de cuáles o cuántas vulneraciones sufre una persona trans que se encuentra privada de su libertad.


A pesar de tener avances ganados en los últimos años en materia de leyes, decretos y normas contra la discriminación, la realidad en las cárceles muestra unas prácticas y conductas que van en contravía de lo promulgado por las leyes o por los estándares internacionales para protección de Derechos Humanos. La violencia que se ejerce contra las poblaciones trans en las cárceles del país proviene de otros reclusos pero en una gran medida por parte del personal que se supone encargado de la seguridad del espacio. Existe una estigmatización por ser presas, pero además, existe otra por ser gays, trans o cualquier otra identidad o expresión de género que no encaje en los estándares patriarcales.


El no reconocimiento de la identidad de género de una persona trans privada de la libertad parece ser una cotidianidad que se ha denunciado desde organizaciones como Colombia Diversa y Dejusticia que resaltan miles de testimonios en los que personas trans relatan como personal carcelario las ofenden y humillan por su identidad de género.


Katalina Ángel, fundadora de Cuerpos en prisión, Mentes en acción, con su relato reafirma esta triste realidad: “Mi experiencia privada de la libertad en la Cárcel Picota, en Bogotá, no es muy diferente a la que viven muchas personas trans en esta situación en Latinoamérica. Hay abuso constante a los derechos humanos y falta de reconocimiento de nuestras identidades. Estuve en varias situaciones de violencia, tanto psicológica como verbal, física y sexual por parte de internos y personal de guardia.”


Ahora, al no poder votar, para el Estado, para los políticos y sus partidos, la población carcelaria no es atractiva. Es por esto que la defensa de los derechos de las poblaciones trans privadas de la libertad parece una apuesta de organizaciones de base, que valientemente se encargan de denunciar y señalar a quienes cometen actos violentos por identidad de género. Pero hasta el momento, no existen políticas con enfoque de género que permitan denunciar estos abusos, sin necesidad de tener que acudir a un tribunal internacional o a la presión que pueda ejercer una ONG.


“La única defensa que teníamos y seguimos teniendo es el empoderamiento y la unión entre nosotras mismas” añade Katalina Ángel.


Dependiendo del cuerpo de seguridad del centro penitenciario en el que se encuentra una persona trans, su experiencia de reclusión puede variar y convertirse incluso en el lugar más inseguro que jamás habitó. Es por esto que es necesario que el Estado colombiano tome una postura que respete los estándares internacionales para la protección de derechos humanos, con acciones y sanciones para las conductas que estén en contra, sin dejar de lado los procesos de pedagogía y sensibilización con todo el personal de los centros penitenciarios. La pandemia del COVID-19 ha evidenciado los miles de problemas que tienen las cárceles del país, llevando a las personas privadas de la libertad a hacer protestas pacíficas para reclamar mejores condiciones para afrontar la fuerte realidad que se avecinaba. En medio de la pandemia se plantean un número importante de propuestas para dar libertad condicional a ciertas poblaciones. Sin embargo, las personas trans nuevamente no están incluidas y son invisibilizadas frente a un problema claro que se ha ido denunciando desde años atrás y necesita voluntad de cambio.

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