EL ROL COLONIAL DE LA VIOLACIÓN DE LOS MILITARES EN RISARALDA

Actualizado: jun 26

Por Alex Trujillo Giraldo //



El caso de violación sexual de siete (7) militares a una niña indígena de doce (12) años de edad, ha estremecido a todo el país. En medio de las discusiones sobre corrupción al interior de las FF.MM., y la aprobación de la cadena perpetua por el Congreso en pasados días.

Los hechos, revelados por la revista Semana, ocurrieron en el corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico, Risaralda (escuchar entrevista). La menor fue a recoger guayabas en un campo cercano a la casa de sus familiares, donde fue agredida por el grupo de uniformados, violada y abandonada.


La Quinta División del Ejército informó el hecho, después de que sus familiares la encontraron abandonada llorando en medio del campo. El día de hoy, todos los implicados reconocieron su participación y la Fiscalía les imputó cargos por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Durante el proceso judicial la niña estará en un hogar sustituto.


Inmediatamente, el caso tuvo fuerte notoriedad, dado que estamos en medio de la discusión sobre la cadena perpetua. Aunque dicha iniciativa aprobada por el Congreso, cuenta con un seguro freno de constitucionalidad.


Este caso podría ser usado por los defensores de la cadena perpetua para poner en la opinión pública el hecho, desde una óptica punitiva. Pero justamente, esos mismos defensores de la cadena perpetua, son los mismos que defienden la justicia penal militar y el manto de impunidad del que suelen gozar.


Esta contradicción fue expuesta por la senadora del partido de Gobierno María Fernanda Cabal, quien esta mañana había afirmado en un Tweet que: “podría ser un falso positivo”. Aduciendo que el territorio donde sucedieron los hechos era una zona fariana, dando retuit a un posteo que afirmaba eso.




Por su parte, se podría establecer una discusión adicional sobre la competencia de la justicia penal militar, la justicia indígena y la ordinaria. Particularmente entre estas dos últimas, dado que la primera es retributiva y la segunda restaurativa.


Mientras la víctima en el orden legal indígena sería la comunidad y el territorio, en la justicia ordinaria sería el individuo y su familia.


En este sentido, si tenemos en cuenta la concepción de justicia de los pueblos indígenas, la presencia militar y colonial en los territorios ancestrales es el origen del problema. Porque a toda dinámica militar, dada la combinación entre armas y machismo, el cuerpo de la mujer es un botín de guerra.


Todos los ejércitos, de todos los tipos documentan actos de abuso sexual contra civiles en el medio del conflicto. ¿Acaso no deberíamos estar hablando de eso también?


Sobre la violencia sexual como estrategia de guerra, y el rol de “enemigo encubierto”, que en el imaginario de los militares representan los pueblos indígenas. Arquetipo del “guerrillero de civil” que pregonan en el partido de la senadora Cabal, frente al cual son admisibles cualquier tipo de acciones violentas.


Efectivamente, este caso en particular debe ser resuelto en la brevedad y con la contundencia de nuestro orden jurídico. Pero además, debemos establecer que ninguna comunidad debe vivir bajo la zozobra de la ocupación militar de su territorio, de su vida y de sus cuerpos.


Las comunidades Emberá, han sido históricamente empujadas por el colonizaje de su territorio y el uso de la fuerza de todos los actores armados, hacia la Cordillera Occidental o el desplazamiento hacia las ciudades.


Lo que ha llevado a estos pueblos indígenas a una pérdida de tejido social que salta a la vista en las calles de Pereira y otras ciudades del Eje Cafetero, donde terminan familias enteras mendigando con niños y niñas a cuesta. Lo que es una situación de racismo estructural que abandona hacia condiciones de extrema vulnerabilidad a mujeres, niñxs y adolescentes de manera permanente.





142 vistas
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

©2020 por Periódica. Creada con Wix.com